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Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico

Ámbito de aplicación territorial
Objeto y aplicación de la LSSI
Obligaciones a empresas y particulares
Infracciones y sanciones

La entrada en vigor de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI), ha supuesto la obligación de cumplimiento de una serie de requisitos para todas aquellas empresas o particulares que realicen comercio a través de Internet.
Por medio de la LSSI se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas europeas que regulan el comercio electrónico. Esta norma fue muy esperada, y tras su entrada en vigor aún continúan diversas críticas, sobre todo en lo referente a las obligaciones a cumplir por los prestadores de servicios, consideradas como excesivas.

Sin embargo, el legislador justifica la promulgación de esta ley basándose en la necesidad de protección que los consumidores tienen a la hora de llevar a cabo negocios en la red. Así pues, la finalidad esta norma es proteger a los internautas y a los usuarios.

El objeto de la LSSI es indicar el régimen jurídico de la contratación electrónica, las obligaciones de los prestadores de servicios y de las empresas, así como exponer las condiciones para que tales servicios sean válidos. Se ocupa, de igual forma, de establecer el régimen sancionador.

Esta Ley es aplicable a diferentes sujetos:
- Empresas que dispongan de página web, a través de la cual se realiza actividad económica.
- Particulares que disponen igualmente de un sitio web en el que efectúan comercio electrónico.
- Se aplica, por lo tanto, a todos los prestadores de servicios, intermediarios, operadores de redes y proveedores de accesos, y, en definitiva, a cualquiera que disponga de un sitio en Internet a través del cual se realicen gestiones de comercio electrónico.

Por actividad económica de comercio electrónico, se entienden todas aquellas actividades que comprenden desde la publicidad o promoción de productos o servicios, hasta la venta y servicio de atención a los consumidores tras la distribución de lo adquirido.

De un modo más concreto, podemos afirmar que la LSSI se aplica a actividades tales como la contratación de bienes y servicios de manera electrónica, envío de comunicaciones comerciales por parte de las empresas, subastas electrónicas, tiendas virtuales, y cualquier tipo de servicios solicitado por los usuarios, que represente actividad económica.

Es imprescindible señalar el ámbito de aplicación territorial de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Así pues, deberán atender a esta Ley los prestadores de servicios establecidos en España, aquellos prestadores no establecidos en España pero que tienen establecimiento permanente en España y prestan desde nuestro país sus servicios, los prestadores de servicios establecidos en un estado miembro de la Unión Europea y cuyo destinatario se encuentra en España, o bien los prestadores de servicios no establecidos en España, pero que en base a un Convenio Internacional se les aplica la LSSI.

Aunque no se exige ninguna autorización previa para prestar servicios por medio de Internet, es necesario no atentar contra la salud pública, el orden público, la seguridad o la dignidad personal.

En lo referente a las obligaciones que las empresas y particulares deben cumplir nos encontramos con:

- Registro del nombre de dominio o dirección de Internet.
- Obligación de proporcionar información a los usuarios de manera clara y gratuita sobre la empresa.
- Envío de comunicaciones comerciales respetando la normativa.
- Deber de colaboración con las autoridades en el caso de ser requeridos.
- Obligación de retención de datos del tráfico sobre transacciones económicas
- Existencia en la página web de avisos legales sobre uso y contratación de productos o servicios en la página, conforme a la LOPD.

La LSSI es una ley con disposiciones muy estrictas, que establece sanciones económicas muy elevadas, dependiendo del tipo de infracción cometida. En cuanto a las infracciones, se pueden distinguir tres tipos:

Leves:
- Falta de comunicación al registro correspondiente del nombre de dominio o dirección de Internet.
- Ausencia de determinados datos identificativos de los prestadores servicios de Internet.
- No proporcionar información relativa al carácter comercial de la comunicación enviada.
- Realización de spam por parte de los prestadores de servicios.
- Incumplimiento de la obligación de entrega de resguardo al consumidor en la contratación por vía electrónica.

Graves:
- Envío de spam masivo, consideradas como tal aquellas comunicaciones no solicitadas ni autorizadas por el destinatario.
- No cumplir con el requisito de informar a los usuarios sobre los datos identificativos del titular de la página web.
- No proporcionar al usuario las condiciones generales de contratación en la página.
- No confirmar al consumidor la recepción de la aceptación del contrato electrónico.
- Mostrar resistencia, negativa o falta de colaboración con la inspección de los órganos correspondientes.

Muy graves:
- Incumplimiento de restricciones a las que están sujetas los prestadores de servicios.
- Desobediencia por parte de los prestadores de Internet de suspender un servicio cuando así lo ordene la autoridad competente.
- Inobservancia de la obligación de retener datos relativos al tráfico, generados por las comunicaciones electrónicas en la prestación de un servicio.
- Destinar los datos retenidos para una finalidad diferente a la establecida.

Las multas previstas en la LSSI, según el tipo de infracción cometida, son las que se detallan a continuación:

Leves: hasta 30.000 euros.
Graves: de 30.001 a 150.000 euros.
Muy graves: de 150.001 a 600.000 euros.
La reiteración en plazo de 3 años de 2 ó más infracciones muy graves, puede dar lugar a una sanción de prohibición de actuación en España, durante el plazo máximo de 2 años.

Por último, la prescripción es la siguiente:

Infracciones:
Leves: 6 meses.
Graves: 2 años.
Muy graves: 3 años.

Sanciones:
Leves: 1 año.
Graves: 2 años.
Muy graves: 3 años.


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